Una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe desarrollar un papel fundamental, contra todo tipo de abuso del Estado que vulnere derechos fundamentales y elementales de un ciudadano, en El Salvador al parecer esta institución no funciona con ese fin, ya que desde el inicio de su gestión en el 2016, la señora Procuradora Raquel Caballero de Guevara no ha tenido protagonismo en denuncias de claras violaciones a esos derechos fundamentales.
A la garante de los derechos humanos se olvidó de cual es el rol que debe desempeñar dentro de la institución, ya que en muchas ocasiones el Sindicato de empleadas y empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), ha denunciado que Guevara ha cometido violaciones a derechos laborales y que habría incurrido en nepotismo desde su llegada a la institución.
En el 2017 se conoció que tras una denuncia el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), inició una investigación hacia la funcionaria por infracción al deber ético y transgresión a la prohibición ética, por supuestamente favorecer a dos hijas de su esposo, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya y Gaby Lourdes Guevara Quintanilla; a una la contrató como empleada de la institución que ella dirige y a otra le benefició salarialmente.
Y fue hasta a inicios del mes de julio que los magistrados del TEG resolvieron comenzar un proceso sancionatorio administrativo en contra de Caballero, esto debido a que la funcionaria no pudo desmentir los señalamientos por nepotismo en el 2017.
En la resolución emitida por los magistrados del TEG el 2 de julio se lee: “Decrétase la apertura del procedimiento administrativo sancionador contra la licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien se le atribuye la infracción al deber ético”.
Procedimiento que se abrió luego de que la funcionaria no respondiera ante el TEG, con la documentación necesaria para desvanecer los señalamientos hechos en su contra por contratar a las hijas de su esposo Marco Antonio Guevara e incrementar el salario de estas sin justificación alguna y sin realizar los debidos procesos.
SEPRODEHES ya ha denunciado públicamente que a Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, en enero de 2017 la funcionaria la habría contratado con plaza de asistente II, asignándole un salario de $1,350 y en dos ocasiones le incrementó el salario a su hijastra Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, que ya tenía una plaza jurídica en la institución con un salario de $1,210, pero, en octubre del 2016 su madrastra supuestamente la ascendió a asistente técnico, y en abril de 2017 le habría incrementado el salario a $1,900.
En su resolución el TEG señala: “Se identifican elementos que permiten considerar una posible transgresión a la prohibición ética de ‘Nombrar, contratar, promover, o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio excepto los casos permitidos por la Ley’”.
La Procuradora ha recibido críticas de otros sectores entre ellos la comunidad LGTBI, por considerar que cometió serias violaciones a derechos humanos al realizar despidos injustificados y por supuestamente contratar a familiares. Cabe recordar que ya en una ocasión el Fiscal Douglas Meléndez llamó la atención a la funcionaria.
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