La mañana de este miércoles se ha hecho viral en redes sociales documentación que evidencia aún más la relación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Argueta con el empresario de las harinas Adolfo Fito Salume.

El reconocido tuitero brozo publicó documentos que comprueban que el empresario Salume, compró un apartamento en una zona lujosa por medio de una de sus empresas y que esta es donde reside a la fecha el funcionario de la CSJ: “El señor @FitoSalumeDS compro un lujoso apartamento a nombre de una de sus empresas, posteriormente lo trasladó a nombre del Magistrado José Roberto Argueta actual Magistrado de la Sala de lo Penal, así compra este corrupto la justicia en nuestro país”, entre las pruebas está un recibo de telefonía a nombre del magistrado, con dirección del apartamento del que es propietario una de las empresas de Salume.

Señalamientos que ASTRAM, ha venido haciendo durante meses exigiendo al Fiscal Meléndez que se investigue el posible delito de Cohecho, ya que según dicha organización ha habido una posible compra justicia y que ahora toma más fuerza con la documentación que ha salido a la luz.

En redes sociales se cuestiona que como es posible que un fiscal que está acusando a exfuncionarios por supuesta compra de voluntades, no investigue y capture Salume.

Salume es parte de la “Alianza por un Nuevo País” encabezado por ARENA que lleva como candidato a Carlos Calleja, para competir en las elecciones presidenciales del próximo año,  partido que no ha dudado en dar el respaldo al Fiscal General Douglas Meléndez para su reelección, sin importar los señalamientos de la sociedad civil de favorecer a su partido.

Los salvadoreños le reclaman al Fiscal el haber perdido el caso del expresidente Francisco Flores luego de que un tribunal lo exonerara de toda responsabilidad civil. Además resolvió que su esposa e hijos no deben responder por el supuesto delito, porque “no fundamentó debidamente sus argumento”. También por la falta de interés que ha tenido en investigar al partido de derecha, por recibir millones de dólares que fueron desviados del Estado por los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, en redes sociales por diferentes actores de la sociedad civil.

 

 

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