Los futuros y presentes gobiernos municipales serán los responsables de los pagos judiciales pese a que en la contratación se encontraron intereses perjudiciales a la municipalidad

Un informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR), hacia el servicio de recolección de desechos sólidos por la empresa TECLASEO, delata que el concejo municipal que dirige el alcalde, Roberto d’Aubuisson cedió por 24 años el manejo de estos a la empresa en mención. Esto significa que el pueblo tecleño tendrá que seguir pagando las tasas municipales de recolección, a pesar de las constantes quejas que se han presentado recientemente y que el mismo auditor reconoció intereses perjudiciales para la municipalidad.

El informe de la auditoría Examen Especial al Proceso de Constitución de la Sociedad TECLASEO SEM S. A. de C. V. y al convenio de Operación de la Prestación del Servicio Público de Aseo Urbano de la Ciudad de Santa Tecla y Algunos Cantones Rurales Realizados por la Municipalidad de Santa Tecla, elaborado entre el 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2019, delata que los tecleños tienen comprometidos sus pagos municipales a esta empresa con varios señalamientos en el proceso de contratación.

Uno de los hallazgos es que “la municipalidad de Santa Tecla dio inicio al proceso de preselección de empresas a ser socios mayoritarios en la sociedad por Acciones de Economía Mixta, sin contar con la aprobación del concejo municipal mediante acuerdo”, esto significa que no tuvo con la aprobación legal edilicia, siendo el concejo la máxima autoridad para poder dar luz verde a las contrataciones, esto lo dicta el Código Municipal -Art. 30 Son facultades del Concejo-.

Además, en la “Escritura de Constitución de la Sociedad en la Sociedad de Acciones por Economía Mixta TECLASEO S. E. M. de C. V. se pactaron cláusulas desfavorables a los intereses de la Municipalidad y se contravienen mandatos legales.

Además, la auditoría dictamina que es “improcedente el proceso de suscripción con Convenio de Operación y Prestación del Servicio de Aseo Público Urbano de la Ciudad de Santa Tecla y algunos cantones rurales aledaños entre la sociedad TECLASEO y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, firmado el 01 de noviembre de 2017, ya que no se siguió el debido proceso de su contratación y además contiene cláusulas perjudiciales y omisión de obligaciones”.

No obstante, y a pesar de todos los señalamientos en la contraloría, la comuna hizo un convenio por 24 años para que TECLASEO realice los trabajos de recolección de desechos sólidos.

Todos estos movimientos se hicieron pese a que la Constitución de la República y el Código Municipal establecen autonomía y constitución del concejo en las aprobaciones.

El informe controlador de los dineros públicos, rescata que el mismo jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones preparó las bases de adquisición e incluyen “aspectos perjudiciales a los intereses de la municipalidad y sobre estos se ha repetido hasta la saciedad que NO ES UN PROCESO DE PRECALIFICACIÓN”.

A esto se le suman otros aspectos pues las tasas municipales no pueden ser cedidas a terceros, es decir, privatizar sus servicios. En esta contratación, TECLASEO pondría a funcionar sus camiones de recolección y hasta el personal para la realización de este procedimiento a una empresa privada y la alcaldía es la responsable de la garantía o cualquier denuncia laboral penal mercantil y civil contra el operador TECLASEO. Esto significa que cualquier denuncia o proceso judicial lo enfrentará el futuro alcalde y su concejo municipal por los siguientes 24 años más los años de prescripción.

El pasado 15 de junio de 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública dijo que la alcaldía municipal de Santa Tecla, debe entregar en el plazo de cinco días hábiles, desde que se notificó la sentencia, toda la información concerniente al convenio marca TECLASEO-AMST que fue autorizada por el concejo municipal de Santa Tecla, que gobernó la ciudad de Santa Tecla, durante el periodo 2015-2018; y este informe le fue negado a un ciudadano que lo solicitó a la Unidad de Acceso a la Información de la alcaldía aludiendo ser un documento clasificado como información reservada y confidencial.

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