Este mes Estados Unidos anunciará si renovará o no el programa de Estatus de Protección Temporal, un beneficio que se otorgó a varios salvadoreños en 2001 tras los terremotos y se ha ido prorrogando, pero no se ha encontrado una solución permanente para quienes están acogidos al programa, que son alrededor de 190 mil personas.
De acuerdo con Luz María Serpas, investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, de no renovarse el TPS habría un golpe a mediano plazo en la economía, puesto que el retorno de los compatriotas iría acompañado por la reducción en las remesas que estos envían a sus familiares.
De hecho, El Salvador cerró 2017 con ingresos históricos por remesas. Según cifras del Banco Central de Reserva entre enero y noviembre pasados, los hogares salvadoreños recibieron cuatro mil 518.3 millones, un crecimiento de 10.1 por ciento en relación con el año anterior.
Esto obedece a la mejora en la economía de Estados Unidos, pero también a la reacción al discurso antiinmigrante del presidente Donald Trump.
Para Serpas, una no renovación del TPS no significaría necesariamente una pérdida proporcional, es decir, los envíos de 190 mil personas; pero sí señaló que si hay un retorno masivo, el país tiene que buscar cómo abordar eso como una oportunidad.
