Pareciera que el modo de operar de la ex candidata a diputada por San Salvador del partido Democracia Salvadoreña, (partido del que es propietario “Fito” Salume), Nery Griselda Juárez Gómez y José Francisco Paz López, es beneficiarse de las inmobiliarias a través de la compra de viviendas.
La pareja ha estado envuelta en entrega de cheques sin fondos, estafa y embargos; esto se dio a conocer tras adquirir una vivienda a la empresa Salazar Romero, con una prima de $750 dólares y posterior a eso no realizó ningún pago en un año; ahora por segunda vez intenta que la compañía constructora la indemnice por más de 700 mil dólares, por supuestos daños.
Por segunda ocasión Nery Griselda Juárez Gómez y José Francisco Paz López, han tratado de salir beneficiados de una empresa constructora de inversión nacional.
Ahora la pareja está buscado por medio del sistema de justicia, que la empresa la indemnice por más de $700 mil, por haberles entregado una vivienda dañada. Esta viene a ser otra prueba más para los jueces salvadoreños.
La demandante enfrenta embargos, emite cheques sin fondos y realiza estafa
Nery Juárez Gómez no es la primera vez que visita los tribunales, ya que su récord crediticio está manchado por las reiteradas faltas de pago en los bienes que adquiere. También cabe destacar que en cuatro ocasiones sus abogados han renunciado, motivo por el que se ha detenido el juicio en los tribunales.
En el Diario Oficial No. 56 tomo 398, de 2013, consta que el Banco Citibank (hoy Cuscatlán) embargó una vivienda a Nery Griselda Juárez por una deuda de 17 mil 389.38 dólares, por la falta de pago de las cuotas mensuales establecidas en el contrato legal de la adquisición de dicha vivienda, ubicada en ciudad Versalles.
Por lo que la institución bancaria tuvo que realizar una subasta pública del inmueble y así poder recuperar el crédito dado a Juárez.
Años más tarde, Juárez junto a su pareja consiguieron un nuevo crédito hipotecario por $86 mil dólares, en otro nuevo proyecto de vivienda.
Por este nuevo inmueble la pareja pago una prima de $705 dólares, pero al año de vivir en la propiedad jamás realizó ni un pago, y cuando llegaron las gestiones de cobros emitieron un cheque por $1,621 dólares emitido por Señaliza S.A. de C.V. de quien es representante legal el mismo José Francisco Paz López, el cheque resultó estar sin fondos.
Tras no poder pagar el nuevo inmueble, Nery Juárez Gómez y José Francisco Paz López decidieron devolverla, sin pagar ninguno de los meses que adeudaban. Para lo cual, el mismo Paz López firmó un documento que avalaba la devolución legal y oficial de la misma, y al retiro de los bienes muebles, el cual fue efectuado por la misma pareja.
En el documento legal queda claro que Juárez y Paz López devolvieron la vivienda ante la mora de cuotas por casi un año. Inclusive, autorizaron a la empresa a retirar los bienes muebles en estado de abandono. A pesar de eso, la empresa constructora decidió esperar que fuera la misma pareja que sacara sus pertenencias. Y así fue.
La pretensión de estafa por 700 mil dólares
La pareja emprendió desde hace más de un año estafar a la empresa constructora con la cantidad de 700 mil dólares. A pesar de todos los documentos legales y las pruebas en contra de la pareja, curiosamente, algunas instituciones del Estado les prestaron atención.
Uno de los ejecutivos acusados, Roberto Menjívar, no se quedó de brazos cruzados al ver la estafa que la pareja pretende lograr por medio del sistema de justicia y acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), para poner un aviso penal en contra de la pareja y otras personas que estén o salgan involucradas en lo que él llama “una gran estafa hacia la empresa”. La fiscalía aún no ha dicho si ha iniciado la investigación luego de la denuncia.
Menjívar aseguró que la denuncia fue: por fraude procesal y falsedad ideológica, con base en los artículos 306 y 284 del Código Procesal Penal, en el que detalla que han sido fabricadas pruebas en contra de él y cinco personas más.
“Cómo es posible que una persona o una pareja pretenda estafar a nuestra empresa por 700 mil dólares, cuando solo pagó una prima de 705 dólares, no canceló ninguna de las mensualidades por casi un año, y para colmo emitió un cheque sin fondos”, expresó Menjívar.
De la misma manera, explica que además han presentado “testigos falsos” para lograr su cometido. “Pareciera que hay alguien más atrás de esta pareja, un patrocinador con intereses muy especiales en perjudicar a la empresa”.
El sistema de justicia salvadoreño se pone aprueba por segunda vez ante lo que se considera “La Gran Estafa”, en contra de inversionistas locales.
