El ministro de Trabajo, Rolando Castro, exhortó esta mañana a las autoridades fiscales que apliquen la ley “parejo” y no afecte, esta, nada más a las personas humildes. Su reacción fue en relación al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien ya lleva casi siete meses de apropiarse de las cuotas de los empleados municipales y no se han presentado avances en sus proceso.
“La ley debe de ser pareja, les garantizo que si una persona humilde comete un delito menos grave, ya estuviera en la cárcel. El Alcalde de San Salvador no ha enviado el dinero de los trabajadores al ISSS, AFP, préstamos, FSV, FGR, debe actuar de inmediato”, sentenció el funcionario.
Hasta el fiscal general, Raúl Melara, informó la semana pasada que investiga a Muyshondt y aseguró en la entrevista televisiva de TCS Noticias que tienen en sus manos las denuncias por delitos laborales, también del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y que están recopilando la información de los hechos, al respecto.
Sin embargo, reiteró que están analizando si los hechos presentados concuerden con la realidad.
“Tenemos casos de retención de cuotas en contra del alcalde municipal de San Salvador y el concejo municipal y ese es un tema que estamos analizando para determinar que los hechos concuerden con la realidad. Hay otro caso contra el alcalde de Santa Tecla, en los cuales hay incumplimiento de obligaciones”, indicó el fiscal Melara.
El ministro Rolando Castro mostró complacido antes las denuncias que ha tutelado como entidad responsable de velar por los derechos de los trabajadores.
Señaló que la información entregada al Ministerio Público está suficientemente sustentada y por esa razón confía en que se actuará de la mejor manera e insistió que con estos procesos se sentará un precedente.
“En este país debemos sentar precedente en función de los más vulnerables, NO se vale que del dinero de los trabajadores sirva al Alcalde de San Salvador, para hacer negocios oscuros, NO se vale y tiene que pagar en la cárcel, él y su grupito corrupto”.
El ministro Castro presentó las denuncias de los alcaldes por separado tras las reiteradas quejas que recibieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. De esta forma la institución decidió tutelar a los trabajadores para que se realice de la forma más eficiente el proceso y se haga justicia contra los sectores vulnerados del país.
Posteriormente, Castro, presentó un pliego mayor de pruebas con delitos aún mayores que involucran dos empresas que estarían cobrando precios sobrevaluados. Además señaló que el gerente de la alcaldía tendría contactos con las pandillas, entre otros graves señalamientos.