El ministro de Trabajo, Rolando Castro, interpuso un aviso dirigido al fiscal General de la República, Raúl Melara, para que proceda acción penal contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y su concejo municipal.

La acción penal es referente a los delitos de “actos arbitrarios y desobediencia en modalidad continúa tipificados y sancionados en los artículos 320 en relación al artículo 42 y 322 del Código Penal, en perjuicio de la administración pública”, indica el petitorio.

El defensor de los trabajadores señaló que con este escrito se busca que judicialmente “se proceda de inmediato contra el alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal, por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, art 320, 42 y 322 del código penal, hay resoluciones judiciales que se han dado en su contra”, indica en un Twitter.

Según un reporte de auditoría de la Corte de Cuentas de la República, el alcalde d’Aubuisson habría, despedido a más de 150 trabajadores que se dedicaban a la recolección de desechos sólidos para privatizar este servicio a la empresa colombiana TECLASEO S. E. M.  de C. V. por 24 años.

El funcionario destacó que ya hay resoluciones incumplidas por parte de d’Aubuisson y que confirman la ilegalidad de la destitución de los empleados por la privatización de los servicios, así como otras irregularidades que esconde la contratación que compromete el pago de los tecleños y sus tasas municipales por 24 años para la empresa.

“Se ha incumplido, hay resoluciones judiciales que confirman de ilegal el acto del alcalde, dieron tres días para ejecutar, no lo hizo ¿qué más necesita la Fiscalía para proceder? ¡Están configurados los delitos! ¿Porque no se actúa?, en otro país estos infractores ya estarían tras las rejas”, cuestionó el funcionario. 

En reiteradas ocasiones Castro ha señalado que la única explicación que se plantea para que no se procese a d’Aubuisson es que dentro de la Fiscalía aún hay viejas estructuras del exfiscal, Douglas Meléndez, y que sigan operando desde la principal entidad defensora de los salvadoreños para no actuar, pese a que tienen resoluciones judiciales que les ordena el procedimiento ante el alcalde tecleño y su concejo.

Además, con estos petitorios enviados se está dando seguimiento al proceso penal a fin de que cumpla con la justicia el jefe edilicio y los que acuerparon el mal proceder.

“Ya envié el aviso y otro oficio de seguimiento, he pedido que se procese esta acción de negligencia y de irrespetar una orden judicial; el alcalde (de Santa Tecla), en cualquier parte del mundo, ya estaría detenido», señaló el ministro Castro en la más reciente entrevista televisiva.

En esa ocasión cuestionó que la Fiscalía, a pesar de tener las resoluciones directas de los fallos de los juzgados superiores, no haya actuado.

«Si la Fiscalía no actúa ya con las resoluciones es porque está sembrando un mal precedente y tiene un ojo abierto y otro cerrado para actuar», añadió.

El funcionario se comprometió a llegar hasta las últimas instancias nacionales e internacionales a fin de defender los derechos de los trabajadores que despedidos y garantizar sus derechos.

Además, increpó al jefe edilicio, «Le digo al alcalde Roberto d’Aubuisson, si yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, pero si él no quiere cumplir con una resolución judicial, lo voy a denunciar también a nivel internacional por ‘Actos Arbitrarios’ y ‘Desobediencia'», sentenció Castro.

El alcalde de Santa Tecla ha sido demandado por apropiarse de cuotas del movimiento sindical pero también por realizar despidos masivos injustificados a fin de privatizar el servicio de recolección de aseo.