El fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó esta mañana la investigación contra Ernesto Muyshondt y el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, por delitos contra el sector laboral, denuncias que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha interpuesto y ha denunciado hasta la saciedad en los medios de comunicación y en redes sociales.
El fiscal Melara aseguró en la entrevista televisiva de TCS Noticias que tienen en sus manos las denuncias por delitos laborales de ambos alcaldes y que están recopilando la información de los hechos, al respecto.
“Tenemos casos de retención de cuotas en contra del alcalde municipal de San Salvador y el concejo municipal y ese es un tema que estamos analizando para determinar que los hechos concuerden con la realidad. Hay otro caso contra el alcalde de Santa Tecla, en los cuales hay incumplimiento de obligaciones”, indicó el fiscal Melara.
El ministro Rolando Castro mostró complacido que en ambas denuncias la institución que se encarga de investigar y de defender los derechos de las víctimas vaya a actuar contra los ediles.
“Qué buen profesionalismo el del señor fiscal General Raúl Melara, sigo reafirmando que se aplicará justicia y los infractores deben pagar, por todas las repercusiones irreversibles que están afectando a los trabajadores, los expedienté están sustentados y la FGR actuara”, señaló.
El ministro Castro señaló que la información entregada al Ministerio Público está suficientemente sustentada y por esa razón confía en que se actuará de la mejor manera e insistió que con estos procesos se sentará un precedente.
“En este país debemos sentar precedente en función de los más vulnerables, NO se vale que del dinero de los trabajadores sirva al Alcalde de San Salvador, para hacer negocios oscuros, NO se vale y tiene que pagar en la cárcel, él y su grupito corrupto”.
El ministro Castro presentó las denuncias de los alcaldes por separado tras las reiteradas quejas que recibieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. De esta forma la institución decidió tutelar a los trabajadores para que se realice de la forma más eficiente el proceso y se haga justicia contra los sectores vulnerados del país.