Tal y como lo había anunciado el Ministro de Trabajo, Rolando Castro este martes interpuso una demanda en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson por apropiación de cuotas laborales, tipificado y sancionado en el artículo 245 del Código Penal, en perjuicio de empleados de la municipalidad quienes se han visto afectados.

El anuncio del aviso penal, lo hizo el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, y firmado por el mismo funcionario, quien señaló que la retención de cuotas de los trabajadores es un delito penado por la ley, y en perjuicio del orden socioeconómico y subsidiariamente en perjuicio de los señores miembros del sindicato de trabajadores municipales de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, SITRAMSAT.

“Señor Fiscal General, @MelaraRaul con base a la ley, le sustento técnicamente las pruebas, por lo que pido a Ud. proceder contra este infractor de la ley @rdaubuisson ya que los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir de forma irrestricta la ley”, publicó en su cuenta oficial de twitter el Ministro Castro.

El artículo 245 del Código en mención señala sobre la apropiación o retención de cuotas laborales que “El patrono, empleador, pagador institucional, o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de préstamos de los trabajadores o cuentas destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o bancarias, intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad social o sindical; o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto determinado en la ley, en el contrato correspondiente o en la orden de descuento, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.

Dicho artículo dispone que “se aplicará en una tercera parte más de la pena máxima señalada, cuando el empleador o agente de retención responsable se apropiare de cuotas alimenticias”.

Ante la denuncia el alcalde estaría obligado, a la reparación del daño que tal como lo establece la ley “no podrá ser inferior al monto de las cuotas dejadas de enterar, con sus respectivos intereses legales”.

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