Evasores fiscales y lavadores de dinero enfrentan penalidades graves que superan los cuatro años cárcel según abogado penalista, Nelson García

Un sonado caso que puede devenir en ambos delitos es el del empresario Fito Salume, del cual ayer se dio a conocer una nueva investigación que delata 36 empresas registradas en paraísos fiscales.

Sus años lo dicen todo, la experiencia judicial con la que cuenta Salvador Nelson García es basta y puede opacar cualquier representación que se quiera comparar. El abogado penalista y defensor de sonados casos también ha abanderado la justicia desde otras instancias.

Señaló inconstitucionalidad en la candidatura de Carlos Calleja y exhortó a los diputados devolver el bono que se les otorga.

En esta ocasión su posición fue clara y ante varias acusaciones sobre evasión fiscal el abogado es contundente: el lavado es un delito donde el origen del dinero no es lícito y acá en el país hay bastante facilidad para cometerlo. Inclusive, el lavado puede devenir desde una simple remesa hasta otros orígenes más oscuros”, señaló.

Sin embargo puede complementarse con otro delito y es la evasión fiscal.

“Es bien sencillo, porque si yo recibo un dinero que no es legal y además no lo declaro quiere decir que yo estoy cometiendo dos delitos. Uno de lavado de dinero por no ser lícito el origen del mismo y el otro que no es independiente de no declarar el dinero que ha percibido”, explicó el penalista.

El caso más reciente es el que involucra al empresario de las harinas, Adolfo Salume, que según Diario La Página; ha inscrito desde 1988 hasta 2019 al menos 36 empresas fantasmas en Panamá, que se encuentra en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, información dada a conocer en las últimas horas. Una situación clara de evasión fiscal.

La misma investigación que realizó el periódico refleja que las empresas inscritas en el Registro Público de Panamá a nombre de Salume cuentan con capitales que van desde $1 mil dólares, hasta casi $17 millones, como es el caso de Aberlley Inc., que reporta capital social de $16 millones 893 mil 110.49.

La investigación revela un dato mucho más importante. En al menos dos de estas compañías offshore aparece en la junta directiva junto a Salume el nombre de Félix José Simán ocupando altos cargos. Es el caso de Molsa Holdings Inc. donde se registra como vicepresidente, y Bodesa Holdings Inc. donde Simán también ocupa cargo de vicepresidente.

No es la primera vez que “Fito Salume” se ve envuelto en escándalos que lindan con la corrupción y presunto lavado de dinero, como se verá más adelante. Anteriormente, el escándalo de los Panama Papers lo ligó en abril de 2016. “Panama Papers” es el nombre que le dio la prensa a una filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que creaba empresas y protegía la identidad de sus clientes, quienes fueron señalados coo evasores de impuestos.

Salume es además en El Salvador el presidente de una fundación denominada Transparencia, la cual según él “existe para decir las cosas incómodas y poder levantar la voz, denunciar la corrupción”, tal como lo afirmó en entrevista Frente a Frente el 1 de noviembre de 2018.

Sin embargo, su fortuna se encuentra seriamente cuestionada, según Diario La Página  y el Ministerio de Hacienda ha puesto los ojos en sus declaraciones de renta por presunta evasión de impuestos. El cuestionado empresario pelea en tribunales más de una demanda por esta causa.

De acuerdo al penalista, tanto el lavado de dinero como la evasión fiscal son delitos graves cuyas penalidades judiciales son mayores a los cuatro años de prisión.

En el caso del evasor fiscal  el delito “implica una intención clara y precisa de no pagar los impuestos. La primera es señalar que la auditoria efectuada carece de claridad o que tiene defectos manifiestos”, indicó.

“Hay una etapa para dilucidar eso administrativamente como se ha hecho en algunos casos y eso me parece impropio ante la administración pública, que busca atemorizar a los contribuyentes en general de las cosas que no son correctas”, apuntó.

Lo más duro para el abogado especialista en estos casos es que al momento de procesar a los investigados por este delito es que jamás el dueño de la empresa que realiza el lavado de dinero o la evasión de impuestos va a la cárcel, siempre será el representante legal de la empresa y en su defecto en calidad de cómplice necesario el auditor y los auditores, algo lamentable para García ya que el que se benefició de los dineros fue el empresario (dueño) y no los empleados que siguieron las órdenes para realizar.

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