En el caso MOLSA y HARISA, la Superintendencia de Competencia logró demostrar en un juicio,  la manera en que ambas empresas se dividían el mercado,  teniendo así  acuerdos anticompetitivos.  Razón por la que fueron sancionadas. Pago que dichas  empresas aún no realizan.

El Lic. Aldo Cáder,  Intendente de Investigaciones de la Superintendencia de Competencia, nos habló sobre el caso que sienta un precedente en la institución pública.

¿Ya fueron notificados sobre el pago de la multa que se le impuso a MOLSA y HARISA?

No, todavía no. Las empresas aún no han realizado el pago.  Lo que hicimos fue que una vez recibimos la notificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informamos a la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR,  también tiene que hacer sus diligencias,  tiene que preparar toda una documentación para presentar demanda en los tribunales si las empresas no pagan voluntariamente.

Entiendo que las empresas no se han presentado a pagar a hacienda,  ahí tienen que depositar el dinero que entra al Fondo General de la Nación. Tendrían que traernos comprobante de pago y también a la fiscalía.

Tuvimos una reunión con la fiscalía en donde nos notificaban que no ha habido pago y que van  a activar los correspondientes procesos judiciales.  Nos solicitaron documentación que necesitan acompañar para presentar la demanda judicial;  y,  en ese procedimiento están.

¿Esto tendría que ser un pago inmediato?

Así es,  porque cuando se les sancionó en el 2008, la ley de competencia dio un plazo de ocho días, ese plazo se venció. Después acudieron a la CSJ y lograron que se paralizara el cobro.  Ahora que hemos ganado,  la paralización queda sin efecto y ellos tienen que pagar de manera inmediata.

¿No les ha dicho la fiscalía cuánto tiempo puede tardar?

Hay un tiempo que depende de ellos,  que es la preparación de la documentación.  Lo que nos informaban es que será lo más pronto posible y después dependerá de los tribunales. Recuerde,  que en un juicio ejecutivo, para lograr el cobro forzoso de la multa en los tribunales lleva  su tiempo.

Ahora,  con la nueva legislación procesal civil y mercantil en primera instancia podría durar seis u ocho meses el trámite del juicio.

¿Si la Fiscalía no procede, a que instancia irán?

No hay más instancias,  la fiscalía es la única que tiene que actuar. Hemos visto una buena colaboración de parte de la fiscalía y están diligenciados muchos de nuestros casos en el cobro de las multas.  Estamos bastantes satisfechos de la actuación de la fiscalía.

Las empresas que fueron multadas,  alegaron que las multas fueron muy altas, que no se les dejó conocer la parte confidencial del proceso y que no existían pruebas directas que los vincularan a las prácticas anticompetitivas ¿Cuál es su opinión respecto a esto?

Nosotros lo negamos completamente, consideramos que era falso;  y de hecho,  la Sala de lo Contencioso de lo Administrativo nos dio la razón.

En cuanto a que la multa era excesiva, era una multa que establecimos conforme a  la ley. La ley da,  que en casos de especial gravedad, se puede imponer hasta un 6% del valor de los activos de la empresa ó hasta el 6% del valor de las ventas y hasta 10 veces la ganancia ilegal  derivada de la práctica anticompetitiva; cualquiera de esas tres opciones, lo que resulte más alto, dice la ley.

En este caso,  se les puso un 3% sobre el valor de las ventas totales de la empresa, es un rango que está permitido dentro de la ley.

Las empresas,  alegaban que ese 3% no fuera de las ventas totales  sino que de las ventas de harina.  Ahí también se les dice que la ley de competencia no hace esa diferenciación  y eso lo confirmó la Sala de lo Contencioso.

En el caso que no había visto cierta información; en efecto,  ellos no habían tenido acceso a la información confidencial;  pero,  eso no les lesionó ningún derecho porque la resolución de la Superintendencia no es sobre ninguna información confidencial.

En el expediente de las investigaciones,  cuando se recibe mucha información de las empresas las clasificamos en: información sensible y confidencial  y en información pública, que no es que la pueda ver todo el mundo,  sino las partes.

¿Qué es lo que contiene la información confidencial en los casos en general?

De acuerdo a los criterios del reglamento de la ley de competencia, puede ser consideradas confidenciales: estrategias comerciales, políticas comerciales, contratos de exclusividad, bases de datos relacionadas a los precios y costos, tipos de clientes, políticas de descuento y fórmulas. Hay cierta información que debe de protegerse.

En el caso de MOLSA y HARISA ¿Cuáles fueron las pruebas más contundentes?

Las que se encontraron en los allanamientos que se les hizo a las empresas, se entró sorpresivamente a ambas y ahí se encontró pruebas que estaba en las agendas de los gerentes, altos ejecutivos y los correos electrónicos; ahí encontramos documentos físicos que revelaban que ambas empresas se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado en participación,  55% uno y 45% otro y si se pasaban tenían que hacerse una compensación entre ellas.

También,  testimonios de panaderos y distribuidores, que si usted era mi cliente y quería ir a comprar a la competencia,  la competencia no la aceptaba.

En el pasado,  MOLSA demandó a GUMARSAL ¿Por qué?

Aproximadamente, en junio y julio del año 2012, estas empresas entraron en bastantes pleitos, presentaron demandas en los Tribunales de lo Mercantil, por competencia desleal;  presentaron demandas en el Ministerio de Economía, por ese tema un poco complicado que es el dumping (vender un producto por debajo de su precio normal);   y,  presentaron denuncia aquí en la Superintendencia, por supuestos abusos de posición de dominio.  Han sido a partir de la fecha, varias demandas cruzadas.

Aquí hemos tenido demandas de GUMARSAL hacia MOLSA y viceversa, ambas no han prosperado. No se admitieron los trámites  porque en términos generales los temas que traían no los podíamos ver, no eran de práctica anticompetitiva o no reunían los requisitos para ello;  ya que,  hay ciertos requisitos y presupuestos que cumplir.

Si pudimos ver nosotros como institución,  que hubo una guerra de precios,  una guerra mediática y  una guerra de estrategia. Eso  reflejaba ese  cruce de denuncia que nos trajeron acá.

¿Cuál era el tema de discusión que trajeron estas empresas a la Superintendencia de Competencia?

Venían alegando, achacándose  mutuamente que una de ellas tenía posición dominante y que estaba abusando de esa  posición.

Por ejemplo:  MOLSA, si no me falla la memoria,  decía que GUMARSAL tenía posición dominante y estaba  vendiendo a precios por debajo de los costos;  por otro lado,  GUMARSAL decía lo contrario, estas empresas me están bloqueando, están haciendo acciones diversas para sacarme del mercado.

Las denuncias tienen que cumplir requisitos formales, encajar plenamente en las prácticas anticompetitivas que la ley de competencia señala.

Tuvimos que desechar esas denuncias,  lo que pudimos ver del seguimiento que dimos del caso, porque no teníamos acceso a esa información en los juzgados, que era problema de precios el que se estaban achacando.

 

Línea del tiempo sobre el desarrollo del caso de las harineras
Compartir

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.