El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, emitió un comunicado la mañana del domingo para exigir al fiscal General de la República, Raúl Melara, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, que no descarte represalias por labor sindical, aunque de momento no se tenga esclarecido el móvil sobre el asesinato de Weder Meléndez.

En el mismo comunicado, Tobar, también pidió que se establezcan las garantías de protección de la familia de la víctima y del adolescente que resultó con graves lesiones tras el atentado contra el sindicalista.

ASTRAM ha denunciado que según información de las diferentes comunidades se trata de dos sicarios que habrían sido contratados para darle muerte a Meléndez. Familiares de este señalan que no tenía problemas con nadie. En sus redes sociales se mostraba al sindicalista una férrea lucha por el traslado del pago de sus retenciones sindicales a las entidades bancarias, seguro social, fondo de pensiones y otras entidades contra el alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt. En un mensaje hasta señala que el edil capitalino habría amenazado con despedirlo.

“Me uno a las manifestaciones de condena de tan deleznables hechos realizadas a organismos internacionales de derechos humanos, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además, insta al Estado salvadoreño a investigar con debida diligencia los hechos, inclusive aquellos que podrían vincularse con el rol de denuncia ejercido por la persona sindicalista asesinada”, reza un fragmento del comunicado.

En el mismo Tobar hace hincapié en que si bien es cierto no está aún esclarecido el móvil de este hecho, no se debe descartar el que éste se deba a la labor sindical y de denuncia que pudo haber ejercido la víctima.

“Realizar sobre el principio de la debida diligencia una investigación eficaz, considerando entre las líneas todas las alternativas posibles, inclusive si las causas del homicidio corresponden a represalias ante la labor sindical y de denuncia que pudo haber ejercido la víctima”, detalla el comunicado.

Además pidieron “garantizar la protección de las familias de las víctimas de homicidio y de la persona adolescente que resultó lesionada, para evitar mayores riesgos a la vida e integridad de éste último”.

El procurador expresó su compromiso por seguir incidiendo para que la seguridad y protección de las personas sindicalistas y defensoras de los derechos humanos, sea una prioridad para el Estado salvadoreño., lo cual incluye “la adopción de medidas integrales, basadas en estándares internacionales de derechos humanos”, puntualizó Tobar.