La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe desarrollar un papel fundamental, contra todo tipo de abuso del Estado que vulnere derechos fundamentales y elementales de un ciudadano.

Pero la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara, pareciera que no tiene claro cuál es su rol dentro de la institución que dirige, ya que desde un inicio de su gestión ha recibido fuertes críticas y denuncias; en diciembre del 2017 el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) investigó a la funcionaria por infracción al deber ético y transgresión a la prohibición ética, por supuestamente favorecer a dos de sus hijastras, ya que a una la contrató como empleada de la institución que ella dirige y a otra le benefició salarialmente.

Proceso que según el Secretario General del Sindicato de empleadas y empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), Carlos Solórzano aún está  abierto, la denuncia es por haber contratado a Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, en enero de 2017 con plaza de asistente II, asignándole un salario de $1,350 y por haber incrementado en dos ocasiones el salario a su hijastra Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, que ya tenía una plaza jurídica en la institución con un salario de $1,210, pero, en octubre del 2016 su madrastra supuestamente la ascendió a asistente técnico y el otro incremento de $1,900 habría sido en abril de 2017.

“Aparte de haber un proceso de las dos hijas abierto en el Tribunal de Ética Gubernamental, donde a ella le hicieron una prevención y ella debió haber entregado información, lo cual no hiso en el mes de diciembre, no atendió los plazos que le había dado el tribunal”, expresó Solórzano.

Según el líder sindical, por este mismo caso y otras contrataciones indebidas la Corte de Cuentas de la República (CCR), realizó un Examen Especial, en el que también reconoció las dos contrataciones de las hijastras, de igual forma determinó que se realizaron contrataciones de personal sin seguir el debido proceso y sin darle la oportunidad a trabajadores de la institución a participar en el concurso de las plazas.

“Contrata a otro personal sin concurso, sin entrevista, sin convocatoria, sin darle oportunidad al personal de la institución antiguo que pudiera concursar para las plazas que ella estaba otorgando, eso lo hiso por contratos por ley de salario y también por la modalidad de contrato, por ser parientes de su esposo”, denunció Solórzano Padilla.

Otra de las denuncias que hace el sindicalista es que la procuradora Raquel Caballero, a lo largo de su mandato ha despedido a “jefes de sección y otras personas; pero el dominador común de todos estos procesos es que no han sido procesos, sino que han sido decisiones arbitrarias, porque no se han seguido los pasos legales que debe seguir cada caso”.

La encargada de velar por los derechos humanos, también fue denunciada por la comunidad LGBTI en la CCR, para exigir una auditoria a Raquel Caballero por considerar que realiza un mal trabajo y practicar el nepotismo: “Es la peor gestión en la PDDH”, expresaron los demandantes. Denuncia que ya fue aceptada por la institución.

Al interior de la institución hay sospechas que pudieran estar ocupando plazas familiares de la Procuradora de Guevara, pero según Solórzano no se ha “podido cuantificar y tener acceso a documentación. Y podrían haber, ahijados, compadres, o sobrinos tanto de ella como de la familia”.

“Ha violado los tratados de la OIT”

A pesar que de Guevara es la garante de que se respeten los derechos fundamentales de los salvadoreños, dentro la de la institución ha hecho represalias contra miembros que pertenecen al sindicato, tal es el caso del Secretario General de SEPRODEHES, quien fue destituido de sus funciones dentro la PDDH por su trabajo como sindicalista, que viene hacer una clara violación a los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo que llevó al líder sindical a interponer una de manada en el Tribunal de Servicio Civil, del cual ya se venció el plazo para la resolución. “Se pidió que se declarare por el hecho de haber relevado de sus funciones al secretario general de sus funciones institucionales, que se les considerara una injusticia manifiesta, que además se le restituyera en su cargo como Coordinador de las Área Juveniles y se le devolviera el espacio físico donde ha trabajado durante 15 años”.

El sindicato no termina allí sus demandas contra la garante de que se respeten los derechos humanos, informaron que como organización también interpusieron otra demanda en el Tribunal de Servicio Civil, por contrataciones indebidas.

Para Solórzano a los políticos y a algunos funcionarios “les conviene que la PDDH sea sorda, cholca y muda ¿Qué es lo que está pasando?”, cuestiona.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibe dinero del impuesto a la telefonía, destinados para cuidar los bienes de la institución y según de secretario General del sindicato los utilizó para vigilar al personal que labora en la institución: “Ella quitó la seguridad privada, todos los inmuebles de la PDDH exceptuando las oficinas principales y el parqueo de la institución a partir de las 4:00 PM, fines de semana y en periodo de vacaciones no tiene vigilancia, porque ella decidió quitarla para ahorrar dinero”.

“No tiene informe de escuchas telefónicas”

Por Ley la PDDH está obligada a auditar al Centro de Escuchas Telefónicas, informe que ha sido solicitado en retiradas ocasiones por algunas organizaciones y hasta la fecha no han tenido respuesta, ante ello el líder sindical manifiesta que “hay varias denuncias sobre el tema de escuchas telefónicas, la señora no ha atendido y tampoco tiene un informe o un reporte de la evaluación que ella está haciendo de ese programa ¿Qué significaría esto?  Que es posible que haya escuchas telefónicas clandestinas, sin autorización de jueces que se están ejecutando y existen en El Salvador; y de eso debería de estar pendiente la procuradora y saber que está sucediendo”.

Se le recuerda a la  procuradora que en el Art. 33 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, le dice cuál es su función ante esta herramienta: “El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos deberá designar personal idóneo para que practique anualmente una auditoria a las actividades del Centro de Escuchas Telefónicas y remitirá el informe respectivo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa”.

Todos estos señalamientos son los que ponen en duda el papel que está desempeñando de Guevara, “hay un cuestionamiento general al desempeño de la señora procuradora, hay un cuestionamiento a su idoneidad, a su capacidad, a su forma de administrar, a su forma de ejercer las tutelas de los derechos humanos y las prioridades que ella tiene y hay muchos temas donde la PDDH está ausente” concluyó Solórzano.

A todas estas denuncias se suma el señalamiento que el esposo de la procuradora siendo empleado de la Asamblea Legislativa, hace uso de los vehículos de la PDDH, “lo mueven en vehículos de la institución, él aparece en actos públicos de la institución, él está en reuniones internas de personal, entonces ¿Qué papel juega aquí? no, nos parece que sea el más adecuado”, enfatizó Solórzano. También informó que ya ha sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental con una multa de $1,000 por litigar en horas laborables.

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