Lo acusa de haber recibido un lujoso departamento de la empresa OAS. El juez Moro debe decidir.
La Fiscalía de Brasil pidió ayer la condena a prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco del escándalo de corrupción de la causa conocida como “Lava Jato”.
El pedido, enviado al juez federal Sergio Moro que lleva adelante la megacausa, está relacionado con una de las seis denuncias que involucran a Lula ante la justicia, y que refiere a un inmueble en la localidad de Atibaia, en el estado de San Pablo, que era usado por el ex preside y su familia, pero que aparece registrado a nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.
El departamento, un lujoso tríplex ubicado en el balneario de Guarujá, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo de los sobornos descubiertos en la estatal Petrobras.
En el documento de alegatos finales, los fiscales de la Procuraduría General de Brasil señalan que cuentan con “robustas” pruebas “indiciarias”, aunque no directas. Explican que la dificultad de obtener pruebas directas de que efectivamente el departamento pertenecía a Lula se debe a la profesionalización del delito de lavado de dinero.
De acuerdo a la acusación, el inmueble le habría sido entregado a Lula a cambio de maniobras que el ex presidente hiciera desde el poder para que le fueran adjudicados a OAS unos millonarios contratos de obras con Petrobras.
Ahora es el juez Moro quien debe decidir qué sucederá con Lula, uno de los líderes más populares del país y quien gobernó entre 2003 y 2011. El caso relacionado al departamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios del mes próximo.
Lula ha negado que sea el propietario del inmueble y argumenta que es víctima de una “persecución judicial” cuyo objetivo es impedir que vuelva a postular a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018.
Información: El Clarín
