El actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt,  tiene mucho que responder ante la justicia antes de pensar en ser reelecto como candidato a la comuna capitalina. A éste se le vinculan una serie de casos judiciales que deben, primero, solventarse antes de enfrentar una contienda electoral.  

El caso más delicado es donde la Fiscalía lo investiga con las pandillas tras la revelación de unos videos donde entrega unos paquetes (con $20 mil  cada uno, según él dice en el video). Una situación que para el jurista que lleva el proceso es de un “gánster político”

El juez del juzgado de sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, afirmó que en el video se observa que Ernesto Muyshondt entrega a pandilleros una cantidad de dinero en diversos fajos sujetados por cintas, “me dijeron que en cada uno hay $20 mil”, indica al momento de explicar a los terroristas el contenido de los paquetes.

Una fiscal reveló que la cantidad de dinero entregado por el alcalde para fines desconocidos fueron $69 mil, presuntamente para comprar el voto de los pandilleros y sus familias y lograr ganar la alcaldía de San Salvador a su contrincante del FMLN, Jackeline Rivera, en ese momento.

Sobre este hecho el fiscal general, Raúl Melara, tiene la obligación de “abrir ya acciones penales en los tribunales, a propósito de las reuniones y negociaciones de políticos con pandillas”, dijo el juez Salazar, en esa ocasión.

En otra parte de la audiencia del juicio final a una estructura de la Mara Salvatrucha, el juzgador también pide ante la prensa al fiscal Raúl Melara que: “Desentierre esa evidencia”.

Los vídeos fueron proyectados antes que el juez dictara sentencia en el proceso conocido como “Operación Cuscatlán”, en el que condenó a 373 pandilleros a purgar penas desde 4 años hasta 74 años por diversos delitos acumulados; 52 más fueron absueltos.

Mientras el juez Salazar fundamentaba la sentencia, en ese preciso instante se divulgó el vídeo donde el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, está reunido con cabecillas de la MS.

Ahora se ventila un fin de semana con mucha confrontación pues por un lado las bases del partido han mostrado su desaprobación al edil involucrado en procesos legales no solo con las pandillas, sino también por retención de cuotas laborales. A este se le acusa, por otro, sacar de la contienda electoral interna a su contrincante, Francisco Manzur, la opción que preferían las bases y enfrentar solo las elecciones.

Sin embargo y sin mayor reparo será parte de un proceso interno para poderse reelegir, a pesar de tener varios procesos judiciales.

Muyshondt entre las pandillas para ganar un puesto en la política

A pesar de esto, una transcripción del órgano Judicial apunta que en esa reunón, Muyshondt dijo a los supuestos pandilleros que su «compromiso» era «ayudarlos» si ganaba una diputación en 2015.

Salazar señaló a la Fiscalía que «tenían suficientes pruebas para investigar a los políticos que salen mencionados en el proceso», por lo que, de acuerdo con el órgano Judicial, estos pueden ser investigados por «fraudes electores, fraude procesal, peculado, negociaciones ilícitas, malversación de fondos y un posible lavado de dinero».

«Es inaudito que líderes políticos se estén reuniendo con personas consideradas gángsters, entonces en el país tenemos dos tipos de gángsters: los gángsters pandilleros y los gángsters políticos», señaló el juzgador.

El 23 de octubre pasado, el fiscal general, Raúl Melara, sostuvo que el Ministerio Público investigaría a «todos» los funcionarios vinculados con negociaciones con las pandillas señalados por el referido testigo, identificado únicamente como «Noé».

«Noé» atribuyó a Muyshondt la entrega de $69.000 dólares en 2015 y a Quijano la negociación de un millón de dólares a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2016, ambos políticos pertenecen a la de ARENA.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.