Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a EFE un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un “inédito caso de cooperación regional”.

Los países que acudirán a la cita incluyendo Brasil que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.

Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación “Lava Jato”, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.

Desde entonces, políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos.

Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Los pagos se refirieron a “más de 100 proyectos” realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.

Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

Odebrecht en El Salvador

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, solicitó a su homólogo brasileño  intercambiar información sobre la posible incidencia de fondos provenientes de ilícitos, canalizados por medio de la empresa constructora brasileña Odebrecht en El Salvador.

Un periódico brasileño publicó que la constructora habría canalizado alrededor de $1.5 millones para la campaña presidencial del ex presidente, Mauricio Funes, a través del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

Según la publicación del periódico Folha de Sao Paulo, el desembolso se hizo por intermediación de la ex primera dama Vanda Pingnato y que provenía de una caja que tenía el Partido de los Trabajadores en la empresa.

El medio destacó que el desembolso fue realizado a través de Joao Santana, publicista que lideró la campaña de Funes y quien cinco semanas después de que el exmandatario ganó la presidencia fundó Polistepeque.

A Santana el sistema judicial brasileño lo condenó recientemente a ocho años de prisión por presuntamente participar en la red de corrupción de Petrobras

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