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lunes, junio 21, 2021

Expresidente de la CSJ podría purgar hasta 10 años de cárcel por aplicar justicia selectiva, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes solo por caso Rais

Este día los abogados del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, presentaron detalles de la denuncia que han hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional,  Óscar Armando Pineda Navas por el cometimiento de delitos de Incumplimiento de Deberes y Actos Arbitrarios en contra de su cliente.

De acuerdo con el apoderado legal de Rais, Carlos Miranda, “se ha establecido una denuncia penal y la hemos vuelto a presentarla el 19 de mayo porque se otorgaba facultades que le competían a Corte Plena declarando improcedente algunos informativos que se habían iniciado”, señaló Miranda entre otros detalles que fueron usados sin mayor reparo como testigos sin rostro que fueron aceptado y un asedio al empresario con intervención de llamadas sobrepasando el período que por ley se establece.

“Además de esto Pineda Navas, dejó prescribir muchos procesos antes de que fueran conocidos por Corte Plena y por esto habría un cometimiento de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Además se encontraron actos de mala fe y plagio en una resolución del juzgado”, señaló Miranda.

De encontrarse culpable, Pineda Navas, podría purgar hasta 10 años de prisión por la sumatoria de las condenas de los delitos de Actos Arbitrarios y por Incumplimiento de Deberes, por los cuales fue acusado penalmente por el empresario de quien se demostró con Resolución de ONU que el magistrado aplicó justicia selectiva en su contra. Con estas acciones se habrían vulnerado derechos fundamentales de Rais.

La ONU rectificó que en el caso en contra del empresario Enrique Rais hubo justicia selectiva. “Solo basta comparar con otros casos como el Habeas Corpus del señor Jorge Isidoro Nieto que fue resuelta antes, pese a que fue presentado después de nuestro cliente”, señaló Miranda.

El GDTA de ONU, resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.

Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.

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