La Corte Suprema de Justicia, después de haber evaluado y confirmado que la resolución del Juzgado Especializado de instrucción “C” de San Salvador, estaba apegada a derecho cuando decidió no asumir competencia para conocer sobre la causa penal contra Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez.

Por lo que decidió remitir nuevamente el expediente al Juzgado 2° de Instrucción, retomando literalmente una resolución judicial de otro Tribunal, como en su momento se hizo ver, que el caso se ventilare como hechos de crimen organizado, lo que ahora ha quedado confirmado, que no es así, por lo que se pierde toda la base que la fiscalía intentó presentar para acusar al empresario y demás vinculados en el proceso.

El caso penal seguido contra el empresario Rais, se encuentra fundado en las mismas escuchas cuestionadas sobre su legalidad y su autenticidad que han sido utilizadas en el caso conocido como “Rais-Martínez” y en un testigo anónimo con criterio de oportunidad, al que Fiscalía pretende generar un anticipo de prueba y que según la defensa de algunos imputados, no se ha permitido investigar a profundidad sobre la forma en que ha declarado, como su presencia o no en el país, al momento de presuntamente rendir sus declaraciones ante dos fiscales de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras Wil Walter Ruiz Ponce, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, era jefe de esa unidad.

Tampoco se ha informado por los fiscales del caso, ante que autoridad judicial se autorizó el criterio de oportunidad de ese supuesto testigo, recriminaron los abogados de los imputados.

Según los abogados de Hugo Blanco Rais, “la decisión ilegal que adoptó el Juzgado 2o de Instrucción, ha sido causa de violación a garantías para los procesados en este caso”.

Cuándo el Tribunal a fecha 31 de julio de 2019, se declara incompetente de manera infundada y remite el expediente a la jurisdicción especializada, se contaba con el plazo prorrogado de seis meses para que la defensa aportará toda la prueba de descargo correspondiente y pudiera desvirtuar los elementos de prueba con los que supuestamente contaba la representación fiscal; sin embargo, el Juzgado Especializado de Instrucción “C”.

El día 9 de agosto de 2019, confirma que el caso no tiene relación con “actos de criminalidad organizada” y además confirma que el juzgado remitente (2° de instrucción) “utilizó los mismos fundamentos que el Tribunal Primero de Sentencia para declinar su competencia”, en pocas palabras que “plagió el fallo” y esto provocó que el caso tuviera que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió el conflicto de competencia hasta finales de enero de 2020.

Y los abogados únicamente han conocido de la resolución hasta el día 14 de febrero de 2020, dos días después que venció el plazo de instrucción a estas alturas ya improrrogable, argumentaron los abogados del señor Rais.

Según los defensores de Blanco Rais, “irresponsablemente la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez comunica que ahora la Fiscalía General de la República cuenta con cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación y señalar fecha para audiencia preliminar; cuando en realidad estamos ante un situación sumamente compleja, porque el Sistema Judicial tuvo a nuestro cliente sin un ‘Juez Natural’ que atendiera la causa durante el plazo de instrucción, ante el que poder hacer peticiones, solicitudes, ofertar y proponer la producción de prueba, interponer excepciones o cualquier otro tipo de acciones para comprobar la inocencia del procesado”.

Los abogados dicen que hay un gran reto para el Fiscal General, en hacer prevalecer el Estado de Derecho, pues si no ha existido etapa de instrucción, por causas no atribuibles a los procesados, sino por un grave error judicial del Juez 2o de Instrucción. Ya que no hay fundamentos para establecer un Dictamen de Acusación, ya que la prueba existente fue cuestionada desde la audiencia inicial, al ser señalada por el Juzgado 8o de Paz como insuficiente. No se trata solamente que la Fiscalía acuse, se trata del ente que debe velar también porque se tutelen los derechos y garantías de los procesados”, reiteraron.

Finalmente, también dejaron entrever que en caso que la Fiscalía actúe ilegalmente formulando dictamen de acusación, acudirán ante la Sala de lo Constitucional, ya que en este proceso se han violado derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.

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