El Gobierno implementó una cuarentena desde el 21 de marzo pasado, medida adoptada por la pandemia del COVID19. Esta disposición ha generado que se visibilicen los casos de violencia, agresión, corrupción y otros, detonantes del desplazamiento forzado.
Debido a esto, el Gobierno está obligado a generar medidas que permitan prevenir, atender y garantizar la seguridad de las víctimas del desplazamiento forzado, asegura David Ortiz Jurídico del Programa Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para el Derecho (FESPAD).
Según David Ortiz, el gobierno ha negado el acceso a determinada documentación pública para atender el desplazamiento forzado, las organizaciones desconocen si existe una propuesta para atender estos casos.
Por su parte la procuradora adjunta para la defensa de las personas migrantes y seguridad, Silvia Campos, externo que desde el 2019 se registran denuncias por este tipo de casos, sin embargo el accionar del estado es limitado dejándoles sin soluciones duraderas y en otros ámbitos sin una judicialización penal que garantice la justicia.
Campos asegura que debido a esta desatención las estadistas no han sido claras para el 2020, a la fecha el único registro actualizado sobre estos data de 2019.
Según el registro de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) a la fecha 318 mil personas han sido desplazadas internamente entre los países de Honduras y El Salvador.