El Gobierno tendrá que hacer frente a una multa millonaria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo por la deficiente depuración de las aguas residuales. En principio el expediente afecta a 10 municipios. Tras un largo proceso, y agotados todos los pasos y las explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá conocer hoy, miércoles, la sanción que se impondrá a España. El Ministerio tiene previsto emitir esta mañana una nota informativa para recoger su valoración sobre esta multa.
La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar.
España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de diciembre del 2000, justo al entrar en vigor la nueva directiva marco del agua.
Sin embargo, no lo hizo, por lo que la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal europeo contra España, que fue condenada en 2011 por el incumplimiento de esta obligación en un total de 37 localidades. Fue, no obstante, solo fue un aviso de multa.
La Comisión dio un nuevo plazo a España para cumplir sus obligaciones, concretamente hasta julio de 2013, pero, una vez rebasado ese período, inició un nuevo proceso de infracción que condujo a Bruselas a llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tras constatar que no se habían hecho los progresos necesarios.
No obstante, el número de municipios con deficiente depuración de la aguas se ha ido reduciendo en este largo proceso, y ha pasado de 37 a 10.
En esta ocasión, sin embargo, la multa del Tribunal Europeo sí será efectiva, y se conocerá a media mañana.
La mayor parte de los municipios que han incumplido las normas europeos son de Andalucía (8), Galicia (4) y Comunidad Valenciana (3), además de uno en Asturias y otro en Tenerife.
No se espera que se incluya ningún municipio de Catalunya, comunidad que ha hecho un notable esfuerzo de depuración de las aguas de los ríos, gracias al canon de saneamiento que pagan los usuarios desde hace años.
Comparecencia parlamentaria
La ministra Teresa Ribera ya anticipó todo esto durante su reciente comparecencia parlamentaria en la que abordó las grandes líneas de acción del Gobierno en materia de medio ambiente.
“Nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco del agua”, dijo Ribera al comentar las carencias en la depuración de las aguas y limpieza de ríos así como la mala planificación hidrológica.
Añadió que España se enfrenta a multas millonarias por valor de 46,5 millones por falta de saneamiento de aguas residuales en 17 ciudades. Por eso, prepara un Plan de Depuración y Reutilización del agua.
Ribera también dijo que España se expone al riesgo de tener que devolver fondos europeos correspondientes.
Además, la Comisión Europea remitió en el 2015 al Gobierno una lista de objeciones a los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, para subrayar sus carencias en el incumplimiento de la directiva marco del agua, destinada a recuperar la calidad ecológica integral de los ríos.
Récord de incumplimientos
De hecho, España es el país que más incumple las directivas comunitarias sobre medio ambiente, según se concluye del análisis de la recopilación de expedientes de infracción abiertos por la Comisión Europea.
A finalizar el año 2017, España tenía abiertos un total de 30 casos por incumplimientos de las diferentes normativas ambientales, con lo que encabezaba este ranking. Le seguían Grecia (27), Polonia, Italia (18), Austria (17), Alemania, Chipre (16), República Checa, Rumania, Eslovenia y Gran Bretaña (15). Como países más ejemplares estaban Estonia y Luxemburgo (2) así como Holanda y Lituania (3).
España acumulaba en el 2017 un total de 38 casos si se incluyen también los expedientes que se desarrollan en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En total, España acumulaba en el 2017 un total de 38 casos, pues a los 30 expedientes se deberían sumar 8 casos que corresponden a sentencias firmes del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y tras las cuales vuelve a iniciarse un procedimiento si sigue el incumplimiento de las directivas.
En los últimos años, la mayor parte de los procedimientos de infracción contra España se refieren a los incumplimientos de la directiva marco del agua y, en concreto, a asuntos relativos a las carencias en la planificación hidrológica, la contaminación de las aguas (insuficiente nivel de depuración o defectos en las plantas de tratamiento de aguas residuales) así com a la falta de mecanismos para recuperar el coste del servicio de agua, según explicó a este diario Cristina Álvarez Baquerizo, asesora jurídica de SEO/BirdLife y coautora del informe que recoge estos datos.
Gestión de residuos, el otro gran paquete
El otro gran grupo corresponde a la gestión de los residuos (vertederos ilegales, planes de gestión no ajustados a las normativas europeas o insuficiente nivel de cumplimiento de los objetivos en esta materia). Uno de los asuntos que afecta Catalunya es el expediente por la contaminación por residuos salinos provocada sobre la cuenca del Llobregat.
Sin embargo, en años anteriores el principal foco de incumplimientos tiene que ver con las agresiones a los espacios naturales (Red Natura 2000), un ámbito en el que destacan los conflictos por las presas hidroeléctricas que ocupan espacios de valor ecológico, o la insuficiente protección de las aves amenazadas, comos los pájaros cantores.
De los 325 procedimientos de infracción abiertos en la UE a finales de 2017, el 9.2% corresponde a España. Todo ello viene recogido en un informe elaborado por SEO/BirdLife sobre gobernanza ambiental en España, que analiza cuatro indicadores ambientales para evaluar de forma periódica la acción de las administraciones e instituciones españolas en la defensa del medio ambiente.
Fuente: MSN
