De acuerdo con los plazos que otorgar la Constitución y las leyes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de hasta 25 días para resolver la controversia entre el Ejecutivo y la Asamblea a raíz del decreto 661, que propone abrir de golpe la economía y el transporte público.
El artículo 138 de la Constitución de la República da al tribunal de justicia hasta 15 días hábiles para que resolver, luego de conocer los argumentos de los diputados y del Ejecutivo, quienes tienen un plazo de 10 días hábiles para presentarlos y defender la inconstitucionalidad o no del mencionado decreto.
El proyecto de ley fue vetado por el Presidente Nayib Bukele, por considerar que usurpa las funciones del Ejecutivo y que pone en riesgo la salud de los salvadoreños, pues busca reactivar de golpe la economía.
La Asamblea logró superar el veto el pasado 25 de junio, por lo que Bukele pidió a la Sala de lo Constitucional iniciar una controversia en ese sentido, la cual fue admitida por la Sala el pasado miércoles.
De fallar a favor del Ejecutivo, la Sala dictará que esa ley no puede entrar en vigencia por tener visos de inconstitucionalidad, mientas que si lo hace en favor de la Asamblea, el proyecto de ley deberá ser publicado en el Diario Oficial y entrará en vigencia ochos días después.