La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó mediante resoluciones de amparo la adopción de medidas de protección a favor de dos familias que habían sido víctimas de desplazamiento forzado interno.
A raíz de estos hechos, Juan José García de CRISTOSAL, exige al gobierno crear un marco amplio de protección a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno.
La ONU en un informe de derechos humanos de desplazados internos del año 2017, dijeron que el desplazamiento forzado interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa.
Es por ello que Celia Medrano de CRISTOSAL, ve la necesidad de contar con instrumentos metodológicos y de recolección de información, para visibilizar ante el gobierno el tema del desplazamiento interno.
Según datos el centro de monitoreo de CRISTOSAL, en el país a la fecha se han registrado 85 casos de desplazamiento forzado interno, es decir unas 365 personas andan huyendo de la violencia, cifras que muestran que en 2017 hay aumento de este tipo de violencia.
Redacción: Gerardo Castro
