A ocho días de desobedecer la orden judicial del juzgado que procesa al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal, porque no respetaron el debido proceso para la contratación de la empresa colombiana Teclaseo S.E.M. de C.V, y el despido injustificado de trabajadores de la alcaldía para privatizar los servicios, el caso siguen en el limbo por las autoridades competentes a pesar de las resoluciones.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, incluso, interpuso la semana pasada un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el que exhortaba la desobediencia del edil y hacía el petitorio de orden de detención por los delitos declarados en el tribunal.
Para reforzar la ilegalidad en la que cayó d’Aubuisson, la Corte de Cuentas de la República (CCR) reveló que el contrato firmado entre d’Aubuisson y el concejo municipal con la empresa colombiana para contratar el para el servicio de barrido y aseo, es improcedente. Este es un hallazgo que viene a reforzar la resolución judicial que ha caído en desacato por las autoridades competentes y el mismo jefe edilicio.
La auditoría especial desvela que se establecieron cláusulas en el acta constitutiva de Teclaseo que son desfavorables a los intereses de la municipalidad. Además que la comuna recibió y manejó fondos por 1 millón 210 mil dólares, “sin que se identifique el origen de los mismos”.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, criticó el desacato en sus redes sociales. La FGR sigue en silencio sobre el procedimiento.
También se entregaron bienes municipales en uso a una Sociedad con fines de lucro; por lo que “la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración de municipalidades con transparencia”.
Por lo que la institución contralora determinó que dicho convenio “es improcedente”, según quienes pidieron la auditoría especial.
El alcalde d’Aubuisson y su concejo municipal usaron todos los medios posibles para mantener “oculto” el contrato que firmaron con los colombianos para formar Teclaseo, a pesar de que son fondos públicos provenientes de los impuestos que se le cobra a los tecleños.
El 30 de junio pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al alcalde de Santa Tecla revelar el contrato con la empresa Teclaseo, el cual fue firmado para 24 años.