Son ya más de 15 años que los habitantes del catón Melara, departamento de La Libertad viven bajo el mal olor y contaminación por el botadero a cielo abierto propiedad de Salume, que opera sin los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según resolución del Juzgado Ambiental de Santa Tecla, que en junio del presente año ordenó cerrar de manera inmediata.
En su resolución el Juzgado Ambiental señala que la Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de la Libertad, solo cuenta con la autorización para ser construido, sin embargo este tiene ya muchos años recibiendo desechos de todo tipo: “La fase 1 de la ampliación del relleno sanitario solamente cuenta con permiso de ubicación y construcción por parte del MARN, sin embargo al momento de la inspección fue posible identificar que el relleno sanitario se encuentra en pleno funcionamiento”, reza parte la resolución.
Un dato grave en la inspección realizada en el botadero por el Juzgado, es que no se pudo “identificar la ubicación de los pozos de verificación o monitoreo de la calidad de agua subterránea y tampoco se cuenta con información que demuestre su existencia”, que vendría a ser una violación más al reglamento especial del Manejo Integral de Desechos Sólidos.
También identificó que está ubicado a una distancia de “un núcleo poblacional menor” al estipulado en el reglamento de Desechos Sólidos; de igual forma identifica un “posible daño ambiental grave por disposición final no adecuada de desechos peligrosos dentro del relleno, lo cual estaría poniendo en peligro la salud de los trabajadores del relleno y otros”.
Por lo que emitió medidas cautelares que se tendrían que haber cumplido de manera inmediata, con el fin de que el foco de contaminación ambiental no sea peor de lo que ya es. Entre las medidas está que el MARN realice de inmediato una auditoría para determinar por qué el botadero incumplió la ley, ya que desde el año 2015 no cuenta con la autorización para funcionar.
De igual forma le ordena que debe “suspender de manera inmediata el ingreso de cualquier material sin uso directo o descartado permanentemente que por su actividad química o por sus características corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, oxidante, infecciosa, bioacumulativas, ecotóxicas o radioactivas…..”.
Asimismo se ordenó que en un plazo de 10 días elabore un plan para la separación “de desechos peligrosos en el relleno, misma que deberá contar con la aprobación del MARN y el MINSAL y del cual deberá probar su realización en un plazo de ocho días hábiles”.
La alcaldía de Santa Tecla bajo la administración de Roberto d’Aubuisson, es una de las municipalidades que utiliza este botadero que opera sin contar con los permisos correspondientes que otorga el MARN.
Y que en estos últimos días decidió privatizar los servicios de desechos sólidos que ha dejado sin trabajo a 154 trabajadores, al igual que ha ocasionado que Santa Tecla viva bajo la basura durante trece días poniendo en riesgo la salud de los tecleños, porque la empresa privada de nombre TECALSEO contratada no ha sido eficiente en la recolección de desechos.
Por lo anterior el Juzgado Ambiental de San Salvador, cuestionó a la municipalidad tecleña, ordenándole que en 48 horas dejara limpias las calles principales y colonias, disposición que según los residentes del municipio no fue cumplida.
