El diputado del Partido PCN, Raúl Beltrán Bonilla , reaccionó sobre señalamientos que hizo la ex parlamentaria Cristiana López, y la calificó de irresponsable.

Cristina López habló sobre una supuesta presentación de una pieza de correspondencia, usando sello y firma sin autorización.

Beltrán Bonilla dijo “cada diputado es responsable de las piezas que se presentan ” todos” y decir por ejemplo que falsificar un sello, cuando hemos presentamos una pieza todos vamos a la ventanilla, nadie puede decir mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano y favorecer a don mengano o perengano, no, es cada uno que asume la responsabilidad. El que sabe leer y escribir y firma sabe lo que está haciendo”.

La pieza de correspondencia a la que se refirió la ex parlamentaria, era la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial de las Intervenciones de las Telecomunicaciones (LEIT), el cual siguió el curso normal que deben cumplir todas las iniciativas.

En la pieza de correspondencia se solicitó que los diputados hicieran una interpretación auténtica del citado artículo, que expresa que después de seis meses se debe destruir toda grabación de conversaciones que no sean utilizadas en un juicio como pruebas, y se conoció en la comisión legislativa correspondiente.

Los legisladores que formaron parte de la comisión conocieron la petición, y hubo un consenso para dejar en claro que si después de seis meses las grabaciones de conversaciones no son empleadas en un juicio deben ser destruidas, de modo que se firmó el dictamen favorable para que la iniciativa se discutiera en el pleno.

En su momento, los mismos legisladores que discutieron el tema remarcaron que en la interpretación auténtica no se reformó ni una parte del artículo 23, que lo que se hizo fue interpretar que se deben destruir las grabaciones pasados los seis meses para garantía jurídica, y que no se cambió, “ni una coma”, recalcaron en su momento los parlamentarios.

Pese a haber seguido el proceso de formación de ley, el entonces Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la interpretación auténtica, misma que fue admitida el 31 de enero de 2018, por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes emitieron una medida cautelar impidiendo que entrara en vigencia.

La medida provocó que distintos abogados presenten recursos en instancias internacionales, ya que interpretan que el extitular del ministerio público violaba la seguridad jurídica y el debido proceso con la demanda de inconstitucionalidad, “al ver que se le caían sus casos que tenían como base pruebas ilegales”, de acuerdo a la interpretación auténtica, que es una facultad constitucional que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa.

Distintos abogados como el doctor Nelson García, han reclamado que debido a una demanda que ya casi cumple dos años de haber sido admitida y que no se resuelve, sus representados se encuentran “enfrentando el escarnio público en juicios fundamentados en pruebas que califica de ilegales”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.