Son 15 personas las que están siendo juzgadas, por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los implicados habrían movido ilícitamente 22 millones de dólares, durante los cinco años de gestión del expresidente de la República Elías Antonio Saca.
El pasado vieres la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el juzgado Séptimo de Paz, el requerimiento en contra de un total de 16 implicados en una red de lavado de dinero relacionada al período del ex mandatario en el que también se incluye a la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, al publicista Antonio Lemus Simún y al padre del exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes Cruz.
En ese mismo requerimiento está Julio Roberto Zamora Bolaños, Rubén Ernesto Castro Castillo y Cecilia de la O, quienes también enfrentan la audiencia.
Los demás acusados son: Oscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera Dama; como también los publicistas Gerardo Antonio Funes Durán, Rolando Alberto Durán Acevedo y José Antonio Armando Lemus Zelaya, Los otros son: Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Hernán Antonio Leiva Alemán y Milton Romeo Avilés Ortiz.
La Fiscalía General de la República (FGR), solicitó que se embargue, cuentas bancarias y bienes inmuebles de las 17 personas acusadas.
También, requirió que sean embargadas las empresas de publicidad ligadas al Grupo Samix, y una oficina contable.
Fiscalía debe combatir la corrupción: Cristiani
Tras estas capturas el Ex mandatario Alfredo Cristiani, dijo que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo en el combate a la corrupción, y que es importante que en el país exista transparencia a nivel gubernamental, por lo que debe haber rendición de cuentas “yo creo que la Fiscalía está haciendo su labor después será la justicia que determine”.
Asimismo manifestó sea una persona con cargos políticos o un ciudadano común si comete actos de corrupción debe de ser juzgado y debe de pagar ante la justicia, considerando que los funcionarios son llamados a trabajar por el país y no a enriquecerse, sea presidente u otro cargo en el gobierno.
