Alcalde d’Aubuisson y su concejo tiene esta semana para decidir reinstalo de trabajadores municipales en alcaldía

Cuando el juez cuestionó porqué no se había cumplido el reinstalo de los trabajadores, la respuesta de los responsables fue que por motivos de la pandemia se había decidido que este proceso se realizaría hasta en 2021.

El pasado martes 8 de septiembre se llevó a cabo la audiencia judicial en la que el juez del juzgado 2º de lo Contencioso Administrativo ordenó al alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal el reinstalo de todos los empleados municipales despedidos de forma injustificada.

El juzgados cuestionó a Roberto d’Aubuisson y su concejo por qué no habían sido reinstalados los empleados ya que se habría emitido una sentencia inapelable.

La respuesta de los responsables fue que por motivos de la pandemia que habría afectado fuertemente las arcas tecleñas, se había decidido que este proceso se realizaría en 2021.

Por esta razón, la comuna tecleña tendrá que reinstalar a los empleados municipales que fueron cesados de sus funciones de forma injustificada.

La audiencia fue ventilada, anteriormente en un juzgado de lo laboral, donde se emitió una sentencia definitiva e inapelable ordenando el reinstalo de los trabajadores despedidos el 31 de julio de 2018, cuando se privatizó el servicio de recolección de desechos sólidos y se entregó a la empresa de economía mixta “Teclaseo”.

“Excelente resolución, se ha hecho Justicia, el peso de la ley se impuso y la justicia también”, apuntó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, celebrando la sentencia del Juzgado 2° de lo Contencioso de Santa Tecla.

El edil Roberto d´Aubuisson planteó en la diligencia que están dispuestos a reinstalar al personal despedido, pero hasta el año 2021 ya que con la pandemia registran una baja significativa en la recaudación de tasas municipales.

Los hechos que dieron origen a este proceso judicial se produjeron el 31 de 2018, cuando el alcalde y su concejo firmaron un asocio con la empresa colombiana Teclaseo, cuyo contrato han mantenido en secreto.

En la actualidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene en desarrollo un proceso sancionatorio contra el alcalde y el concejo, por resistirse por todos los medios y sin excusa válida a entregar copia del mencionado contrato de constitución de Teclaseo, mismo que también fue declarado ilegal por una auditoría especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

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