Un grupo de defensores de los derechos humanos y manifestantes de Nicaragua realizaron ayer en Managua un plantón para exigir la libertad de cientos de “presos políticos”, capturados en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

Varias decenas de activistas, en su mayoría integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se plantaron junto al portón del Complejo Judicial de Managua, en demanda de los 552 a 558 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, según datos de los organismos humanitarios.

El plantón se dio mientras los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, así como dos grupos de estudiantes universitarios, eran juzgados a puertas cerradas, dentro del Complejo Judicial, en el norte de Managua.

“Libertad para presos políticos!”, “¡Derecho que no se defiende es derecho que se pierde!”, eran dos de las consignas que gritaron los activistas.

Un fuerte contingente de policías antimotines, superior en número, rodeó a los manifestantes, que respondieron con el grito “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”.

Los campesinos y estudiantes no son considerados presos políticos por el gobierno, sino como “terroristas y golpistas”.

“Terroristas”

Según un informe emitido este lunes por el Ministerio de Gobernación, existen 273 “terroristas” capturados en el marco de la crisis.

Las cifras del gobierno de Daniel Ortega y de los organismos humanitarios también difieren en el número de muertos, ya que mientras los datos estatales informan de 199 víctimas, los defensores de derechos humanos estiman entre 325 y 528.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al gobierno de más de 300 muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega niega la responsabilidad y mantiene que sufre un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

Fuente: Diario de Yucatán

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