Los abogados defensores del empresario Enrique Raíz, Wilfredo Gutiérrez y Hugo Blanco Rais dieron esta mañana una conferencia de prensa, para denunciar violaciones a los derechos primordiales de sus defendidos.
Los abogados defensores Silvia de Bonilla, José Campos y Hernán Cortes, llamaron escándalo a lo sucedido con sus clientes, haciendo una comparación con el caso WATERGATE que se dio en Estados Unidos, solo que “ahora está ocurriendo en El Salvador”.
Irregularidades del caso 
Desde que inició el proceso del caso “Rais-Martínez” los abogados defensores y el mismo empresario vienen denunciando una serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos, entre ellos; el que la Fiscalía General de la República, no leyó los derechos de sus defendidos y no informó el porqué de la detención.
Según las actas de los imputados las capturas se dieron en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) el 22 de agosto 2016, a las 15 horas; sin embargo sus abogados afirman que en realidad fueron capturados el FGR en la sede central el 22 de agosto 2016, a las 15 horas. Pero el señor Rais firma su acta de captura el 23 de agosto 2016, a las 9:40; por lo que consideran que es una falsedad documental.
Asimismo explicaron que otra de las irregularidades son dos entrevistas realizadas por una agenta auxiliar del Fiscal General, Xenia Lizeth Linares a dos supuestos testigos, en una misma fecha, misma hora, lugar y sin la presencia de los abogados defensores.
Otra de las tantas denuncias que realizaron de este proceso que se está llevando en los tribunales, es las intervenciones telefónicas no autorizadas, que se realizaron y fue por ello que se inició el proceso.
La ingeniero, Ena Maricela Ponce remitió el informe de análisis de Bitácoras Telefónicas en fecha 18 de agosto 2016, al licenciado Wil Walter Ruiz Ponce cuatro días antes de la captura de los acusados; donde claramente manifiesta que en el material proporcionado se encuentra: intervención telefónica de la línea 7883-1215 y la selección de audios, por lo que los abogados consideran “una ruptura en la cadena de custodia de la supuesta evidencia”.
«No son prófugos»
“las personas que defendemos tienen temor que puedan atentar contra sus vidas, ellos no son prófugos; ellos se están resguardando de un sistema judicial corrupto y de un sistema fiscal que hemos dejado a la luz a través de los medios de comunicación”, expresó la Lic. Silvia de Bonilla.
De igual forma expresó que “En la Fiscalía General de la República se están llevando a cabo algunas acciones que son ilegitimas e ilegales”.
Por lo que pide a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel de Guevara pronunciarse en este caso ya que “ha sido una procuradora tibia, ante un proceso que ha llegado a ser quizás, el proceso penal más mediático en el 2016 y 2017”.
Transparencia judicial y Nulidad Absoluta del proceso es lo que los a bogados le piden al Juez Octavo de Instrucción de San Salvador, Mario Osmin Mira Montes. Y que analice las irregularidades que ha presentado la defensa del caso.
“No somos trinqueteros”
Al Fiscal de la República, Douglas Meléndez le piden que cumpla la ley presentando al Juzgado de instrucción las pruebas de descargo de sus representados, que inicie un proceso investigativo para judicializar y llevar hacia los estrados a fiscales y policías que han cometido delitos en este caso.
“No, nos mande a apresar, no, nos llame abogados trinqueteros, por el contrario llámenos abogados valientes, estamos dispuestos y haciendo lo que muchos tienen temor de hacer porque los pueden meter a la prisión, creemos que usted va hacer sensato porque nos preocupa que se su propia boca haya dicho la fiscalía tiene su forma de hacer inteligencia y eso preocupa», puntualizó.
