Abogados defensores del caso denominado Rais-Martínez, denunciaron amenazas de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por dar a conocer las irregularidades en el proceso que se lleva a cabo en contra del empresario Enrique Rais, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais y del licenciado Wilfredo Ayala.
Los representantes legales del empresario expusieron ante los medios de comunicación que el señor Rais, fue capturado de forma arbitraria, ya que la Fiscalía se respaldó a través de escuchas telefónicas “manipuladas, vencidas y sin una orden judicial”.
Por su parte la Licenciada, Silvia de Bonilla aseguró que los fiscales han reconocido que aún conservan las escuchas en los servidores de Ministerio Público, cuando estas “tuvieron que haber sido destruidas”.
“Lamentablemente para la FGR, Luis Montes Pacheco y la fiscal Mayra Guerra de Quintanilla aceptaron haber hecho uso de estas escuchas y consta en el proceso judicial”, explicó la defensora.
Los defensores del derecho, manifestaron que el día de ayer, el Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, les entregarían copias certificadas del libro de control de entradas y salidas de oficios, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2016, en donde se evidencia que la Fiscalía General de la Republica, utilizó de manera ilegal las escuchas telefónicas, sin embargo no las recibieron porque los fiscales del caso presentaron un recurso de revocatoria.
Recientemente los abogados recibieron amenazas por parte de los fiscales del caso, de que serán procesados por hacer públicas las irregularidades del caso: “Hemos sido amenazados por los fiscales que llevan el caso, se nos ha informado que nos van a procesar a nosotros por hacer pública toda esa información del proceso, sobre las ilegalidades que hay”.
Ante ello, la Licenciada, Silvia de Bonilla explicó que: “cuando nos vean detenidos señores de la prensa, cuando nos vean con las esposas puestas, quiero que sepan que es por estar luchando por un proceso injusto, en el que se está destruyendo la imagen del señor Rais por intereses, sabe Dios de que tipos».
Así mismo el abogado, Hernán Cortés añadió “hemos hecho del conocimiento, que son escuchas telefónicas caducadas, no autorizadas judicialmente, transcripciones hechas sin autorización judicial y debido a que estos abogados lo hemos hecho público; estamos siendo objetos de persecuciones”.
De Bonilla envió el mensaje al Fiscal General, Douglas Meléndez: “Esta forma de procesar a las personas y esta forma de adquirir escuchas, no es la correcta señor Fiscal” y agregó, “para que nos olvidemos del caso tregua, esperamos no ser nosotros los capturados señor Fiscal General de la Republica”
