Un juez federal en Miami otorgó $153 millones como indemnización a la familia de un abogado venezolano exiliado que regresó a casa tras la detención de su padre sólo para terminar encarcelado dos años por cargos de trabajar como un “terrorista financiero” para socavar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Carlos Marrón presentó la demanda después de huir de Venezuela y de describir a The Associated Press las golpizas, asfixias y otros abusos que afirma haber sufrido cuando estuvo encarcelado.
Su calvario provocó una dura reprimenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que había sido detenido arbitrariamente por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del mercado negro entre el bolívar venezolano y el dólar estadounidense, algo que el gobierno venezolano considera un delito.
El fallo emitido el lunes es el segundo de su tipo en los últimos meses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bajo una ley federal estadounidense que permite que víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros embarguen los activos de sus victimarios. En septiembre, otro juez federal otorgó $73 millones a la familia de un prominente opositor de Maduro que murió después de caer del 10mo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela.
Tal como en el caso previo, Marrón acusó a Maduro en su demanda de dirigir el “cártel de los Soles”, un presunto cártel de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC —clasificadas como un grupo terrorista por la ley estadounidense— que presuntamente envía 200 toneladas de cocaína de Venezuela a Estados Unidos cada año.
El juez Federico Moreno emitió un fallo en ausencia contra Maduro y otras cinco personas —incluido su fiscal general Tarek William Saab y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno— por no responder a la demanda. En él, Moreno escribió que los funcionarios eran responsables del encarcelamiento ilegal de Marrón porque intentaban cerrar su empresa en Florida, a la cual consideraban una amenaza para una “organización criminal” basada en narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
