Esta semana fue interpuesta una nueva demanda penal en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y el señor Salume, propietario del botadero ilegal ubicado en el cantón Melara, en el Puerto de La Libertad, por la comisión de al menos cinco delitos.
El abogado Edgar Francisco Lemus presento solicitud para que se investiguen los posibles delitos de:
1) Negociaciones ilícitas (art. 328 del Código Penal) cuyas penas son de 4 a 8 años de cárcel.
2) Contaminación ambiental (art. 256 C.P.) cuyas penas son de 6 a 10 años de cárcel.
3) Falsedad ideológica (art. 284 C.P.) cuyas penas son de 3 a 6 años de cárcel.
4) Estafa (art. 215 C.P.) cuyas penas son de 2 a 5 años de cárcel.
5) Malversación de fondos públicos (art. 332 C.P.) penas de 1 a 3 años de cárcel.
Según la denuncia “la confirmación de los delitos se tiene por la auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República donde se confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.
Denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República, tras conocerse detalles de la auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República al contrato de servicio de disposición final de desechos sólidos con la empresa PULSEM, que también es propiedad de Salume.
La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.
